El Ayuntamiento de Cañete de las Torres ha dado luz verde a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la zona Camposanto, una iniciativa promovida por los Hnos. Ruiz García, Hnos. Crespo Alférez y Esperanza Peláez Jiménez, y redactada por la arquitecta Rafaela María Gallardo Trujillo.
El Consistorio ha aportado la documentación que certifica que la modificación aprobada no implica un incremento de población superior al 20 % ni altera la edificabilidad global de la zona, cumpliendo así con los requisitos técnicos establecidos por la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento. De este modo, la medida quedó aprobada en la reunión plenaria del 27 de enero de 2025.
La modificación afecta específicamente a los artículos 112, 113 y 114 de las normas urbanísticas del PGOU, centrándose en las normas particulares de la Zona de Tolerancia Industrial con Edificación Aislada. Entre los cambios más significativos destacan las excepciones introducidas para las parcelas situadas en la alineación sur del Camino Romero, conocido popularmente como calle Campo Santo. En dichas parcelas, la superficie mínima edificable se reduce a 200 metros cuadrados, con un frente de fachada mínimo de 6 metros, frente a los 300 metros cuadrados y 12 metros exigidos en el resto de la zona.
Además, se permitirá a partir de ahora la alineación de las edificaciones sin retranqueos, manteniéndose la coincidencia con las lindes oficiales, y se flexibilizan las condiciones relativas a la ocupación y las medianerías. Se establece que, cuando existan patios adosados a una medianera, salvo que sean mancomunados, deberán disponerse cerramientos con tratamiento de fachada de al menos 2,10 metros de altura sobre el pavimento de los mismos.
Los documentos técnicos y el texto refundido de la modificación están disponibles para su consulta en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cañete de las Torres. Además, contra este acuerdo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses desde su publicación.
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