El Ayuntamiento de Montoro ha hecho pública la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, tras no haberse presentado alegaciones durante su periodo de exposición pública. La normativa, ahora oficialmente vigente, se publica íntegramente para general conocimiento, tal como establece la Ley de Bases del Régimen Local.
La nueva Ordenanza adapta el funcionamiento del registro municipal al marco legal autonómico vigente, marcado por el Decreto 1/2012 y su modificación en 2018, así como por la Ley 1/2010 del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Su objetivo principal es organizar y actualizar la demanda real de vivienda protegida en el municipio, garantizar procedimientos transparentes en la adjudicación y ofrecer a las administraciones información precisa para diseñar políticas de vivienda.
El texto regula en detalle los requisitos para inscribirse, modificar o cancelar la inscripción en el registro, así como los procedimientos de selección y adjudicación de viviendas protegidas. Entre otros aspectos, se establecen:
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Requisitos de ingresos y ausencia de vivienda en propiedad, con excepciones para casos de necesidad acreditada.
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Procedimientos telemáticos y en papel para solicitar la inscripción.
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Obligaciones de comunicación de cambios en la situación familiar o económica.
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Plazos de resolución, vigencias de inscripción y efectos del silencio administrativo.
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Un régimen detallado de protección de datos, acorde al RGPD y a la Ley Orgánica 3/2018.
El Registro será gestionado directamente por el Ayuntamiento y conectado a la base de datos autonómica, facilitando la coordinación entre administraciones y la verificación de datos económicos, fiscales y catastrales.
La Ordenanza incorpora un sistema de cupos que prioriza determinados colectivos, como personas con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia de género o del terrorismo, familias monoparentales, emigrantes retornados y unidades familiares afectados por rupturas convivenciales.
La adjudicación se realizará mediante baremación, atendiendo a la antigüedad en el registro, empadronamiento, situación económica, composición familiar y pertenencia a grupos de especial protección. El procedimiento recoge también la intervención del Ayuntamiento, de promotores privados y de cooperativas, regulando tanto promociones de nueva construcción como segundas adjudicaciones o viviendas ofrecidas al registro.
Con la publicación de esta Ordenanza, Montoro actualiza su marco municipal en materia de vivienda protegida, reforzando la transparencia, la igualdad de acceso y la coordinación administrativa.
